AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE GUARDIA EN EL DÍA DE HOY EN GIJÓN

ante este Juzgado comparece y, como mejor proceda,

EXPONE:

1º.- Que el día diez de Junio de 2009 presentó en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Gijón denuncia por presunto delito contra el medio ambiente, ocasionado por la extracción masiva de áridos del fondo marino de la bahía de Gijón con destino a los rellenos de las obras del puerto de El Musel.

2º.- Que en apoyo de dicha denuncia y tras consultar la Resolución de fecha 12 de enero de 2004, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto “Ampliación del Puerto de Gijón”, de la Autoridad Portuaria de Gijón, los dragados previstos en ella son los normales y lógicos para el desarrollo de la obra y el aumento de calado, y expresamente se citan y cuantifican: “Bajo de la Concha y base cimentación del Muelle Norte. Los volúmenes previstos ascienden a 125.000 metros cúbicos de dragado de gravas, arenas y materiales sueltos, y 600.000 metros cúbicos de dragado en roca.”

3º.- Que en ningún lugar de dicha declaración de impacto ambiental se dice ni se propone ni se autoriza el que se vayan a hacer dragados en la bahía gijonesa como fórmula para obtener los materiales de rellenos necesarios para las explanadas, que se estiman en 30.544.846 de metros cúbicos. Y menos aún delante de la playa de San Lorenzo. Mientras que sí se citan canteras, minas, escombreras y materiales de obras públicas, en un radio de 65 kilómetros, como fuentes de aprovisionamiento.

4º.- Que a lo largo de todo el documento, por contra, existe una permanente preocupación por todas las partes implicadas en el proceso de evaluación y declaración de impacto ambiental respecto a las consecuencias negativas que dicha obra pudiera tener sobre la playa de San Lorenzo, de tal modo que se llega a elaborar un anteproyecto de “Regeneración de la playa de San Lorenzo”, en el que se baraja la aportación de entre 120.000 y 300.000 metros cúbicos de arena, si fuera necesario.

5º.- Se me ha informado por personal responsable de la propia Administración que los dragados de los fondos marinos de la zona submareal de la playa de San Lorenzo de Gijón se realizan sin ningún informe o autorización de la demarcación de Costas, a pesar de que la ley 22/1988, de Costas, artículo 63, establece que “para otorgar las autorizaciones de extracciones de áridos y dragados será necesaria la evaluación de sus efectos sobre el dominio público marítimo-terrestre referida tanto al lugar de extracción o dragado como al de descarga en su caso. Se salvaguardará la estabilidad de la playa, considerándose preferentemente sus necesidades de aportación de áridos. Quedarán prohibidas las extracciones de áridos para la construcción, salvo para la creación y regeneración de playas.” Sin que quepa argüir excepción alguna porque se trate de “aguas portuarias”, pues como se establece en la legislación portuaria, las competencias de las autoridades portuarias son sobre “las superficies de tierra y agua” necesarias para el desarrollo de las actividades ligadas al tráfico marítimo, sin que en ningún lugar aparezca citada la explotación de los fondos marinos para actividades constructivas.

6º.- Los dragados y la extracción de miles y miles de toneladas diarias de áridos de los fondos marinos con destino a rellenos en El Musel están sometiendo a un riesgo irreversible y catastrófico a las comunidades planctónicas y bentónicas, y a la propia playa de San Lorenzo, todo ello enmarcado en una larga trayectoria de degradación de la zona costera asturiana, que se agrava en este caso por la presión que ejerce sobre la Autoridad Portuaria de Gijón y demás organismos implicados en la obra de ampliación del puerto de El Musel, la existencia de un sobrecoste de unos 250 millones de euros y la posible apertura de un procedimiento por la Oficina Antifraude de la Comisión Europea.

Por lo anterior,

SOLICITA que este escrito se añada a la denuncia presentada con anterioridad y forme parte de la misma a todos los efectos.

Es Justicia que se pide en Gijón, a uno de julio de 2009.